La Contraloría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal por $2.723 millones de pesos contra el exgobernador del departamento

 de Sucre, Julio César Guerra Tulena, por el detrimento al patrimonio público que se dio que se dio con el llamado “Cartel de los Enfermos Mentales”.

Guerra Tulena ordenó (con recursos del Sistema General de Participaciones y de Regalías) pagos de servicios no prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre, como fue la supuesta internación y atención de pacientes ficticios (de población pobre no asegurada) con trastornos del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

El organismo de control consideró que Guerra Tulena incurrió en conducta gravemente culposa, con la que faltó a su deber de garantizar la administración y debida utilización de los recursos destinados a la salud, pues no desarrollo una gestión eficiente, tendiente a supervisar y controlar su correcta inversión.

De esta manera -consideró la Contraloría- el exgobernador ocasionó el desmedro de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para la atención en salud de la Población Pobre no asegurada y los asignados por el Sistema General de Regalías para la Restructuración de pasivos, al ordenar el pago de bienes y servicios de salud, que no fueron efectivamente prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre.

Nunca existió la atención de urgencias que esta IPS aseguró haber realizado y lo que se determinó por parte de la Contraloría es que lo único que perseguía la misma era obtener de manera fraudulenta el pago de unos servicios que nunca prestó y facturó con documentación adulterada.

Para la Contraloría, ese hecho se concretó gracias a la deficiente gestión fiscal del exgobernador, en asocio con las omisivas conductas de sus subalternos y contratistas de la Secretaria de Salud Departamental, quienes de manera negligente no ejercieron de manera adecuada las funciones que les correspondía respecto de esta actividad.

Responsables Fiscales

El fallo con responsabilidad fiscal, proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Sucre y confirmado en su integridad por la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, cobija también a dos exsecretarios de Salud Departamental: Nayibe Del Carmen Padilla y Efraín De Jesús Suárez, en la misma cuantía ($2.723 millones), que al igual que el exgobernador tendrán que responder con su propio patrimonio, en forma solidaria.

Igualmente, el fallo con responsabilidad fiscal afecta también a los siguientes funcionarios y contratistas de la Gobernación de Sucre en el momento de los hechos que dieron lugar al detrimento patrimonial:

Samir Gregorio Serpa Álvarez, en su condición de Líder del Programa de Auditoria de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre.

Oswaldo Marcial Contreras Gómez, auditor del Grupo de Auditoria de la Secretaría Departamental de Salud de Sucre.

Samuel Enrique Palencia Tovar, Auditor adscrito a la Secretaría de Salud del Departamento de Sucre.

Jorge Alberto Ramirez Mattar, Auditor Médico adscrito a la Secretaría de Salud Departamental.

Nadin Ali Farak Arrieta, Auditor de Cuentas de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre.

Ana Silveria Vergara Ortega, Profesional Especializado de la Secretaría de Salud Departamental.

Finalmente, se falló con responsabilidad fiscal contra la Clinica de Rehabilitacion Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S, y el señor Ernesto Bladimir Gonzalez Ospino, propietario y representante legal de esta IPS.

Las irregularidades que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron detectadas durante una auditoría que practicó la Contraloría General de la República a los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP, en los componentes de Salud (Salud Pública y atención a la Población Pobre no cubierta con Subsidio a la Demanda – PPNA), ejecutados por la Gobernación de Sucre durante la vigencia 2015.

Testimonios contundentes

Dos testimonios recogidos por la Contraloría sirvieron de base para probar el montaje y la acción fraudulenta que se realizó en este denominado caso del “Cartel de los Enfermos Mentales”.

Inicialmente, la Gerente del Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes del Municipio de Corozal, Eugenia Díaz Hernández, expidió certificaciones en donde afirma que esta Empresa Social del Estado no prestó la atención inicial de urgencia, ni remitió para valoración o internación psiquiátrica a las personas que relacionó ante la Secretaria de Salud la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre, ni expidió las hojas de remisión, ni las supuestas ordenes de hospitalización, que se adjuntaron a las facturas presentadas.

Algunas de esas personas sí fueron atendidas en el Hospital, pero por causas diferentes a la farmacodepencia, tales como dolor abdominal, embarazo, cefalea crónica, consultas por ginecología y por ortopedia, dolor toráxico, traumatismos múltiples, consulta externa, apendicetomía, cesárea, dengue, dolor en el pecho, herida en un dedo, fractura antebrazo, ecografía abdominal, fiebre y parto, pero ninguno fue remitido para atención psiquiátrica.

Por su parte, el Médico General y Médico Psiquiatra Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan, quien aparece firmando la supuesta atención de los enfermos mentales, manifestó que nunca trabajó para dicha Clínica, que jamás vio pacientes ni ejerció como siquiatra en esa IPS, y que no es su firma ni su sello los que aparecen en las Historias Clínicas anexas a la facturación presentada.

Así se montó el fraude

El representante legal y propietario de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre, Ernesto Bladimir González Ospino, reconoció ante la Contraloría que pagó dinero para que le habilitaran a la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre para prestar servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación en farmacodependencia intrahospitalaria,

Aseguró también que Samuel Palencia, funcionario de la Secretaría de Salud de Sucre, en el área de auditoría, le pidió el favor que contratara al médico psiquiatra Arnovis Banda, quien tenía estudios en Argentina, pero no había homologado el título y como no tenía sello, el doctor Banda los atendía y él falsificaba la firma del psiquiatra Zambrano, con el objetivo de presentarlas para pago en la Secretaría de Salud.

Indicó también que Samuel Palencia (auditor adscrito a la Secretaría de Salud del Departamento de Sucre) sabía que el doctor Zambrano no trabajaba en la IPS y sin embargo le ayudaba para lograr que lo auditaran sin cumplir con los requisitos exigidos.

El dueño de la Clínica dijo que, como los funcionarios de la Secretaría de Salud no realizaban las verificaciones de los pacientes, él presentaba las facturas sin las revisiones de cédulas o sin determinar si tenían o no EPS o EPSS. Sostuvo además que las ordenes de servicio eran firmadas por Samir Serpa, Líder del Programa de Auditoria de la Secretaria de Salud Departamental de Sucre.

Una clínica de garaje

La Contraloría concluyó que la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre era una clínica de garaje, creada solo para desfalcar los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para la financiación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable del Departamento, en lo no cubierto con subsidios a la demanda, y con recursos del Sistema General de Regalías reorientados al acuerdo de restructuración de pasivos del Departamento de Sucre Vigencia 2015.

Determinó igualmente que dicha IPS no contaba con la suficiencia patrimonial, financiera administrativas y operativas para poder prestar los servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación en farmacodependencia intrahospitalaria por cuanto su capital social era de $1.000.000 de pesos, que no alcanzaban ni para pagarle el sueldo a los empleados que manifestaba tener.

Pendiente decidir recursos de apelación

La Contraloría General de la República, en cabeza de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, resolvió los 11 recursos de reposición interpuestos contra el fallo del 18 de enero de 2019, y confirmó de manera íntegra la decisión contenida en el mismo.

Actualmente el expediente se encuentra al Despacho del Contralor General, para que la Oficina Jurídica de la CGR decida los recursos de apelación interpuestos.

FIN